En 2020, la clase política intentó dar algún gesto mientras la actividad económica se paralizaba obligatoriamente por la pandemia en el país y, en algunos casos, donaron parte de su sueldo. El esfuerzo fue desparejo, puesto que fue voluntario y algunos consideraron que no era necesario o era demagógico. La crisis económica ahora se ha agudizado y hay situaciones que vuelven a generar una marcada desigualdad.
Se trata de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que reclamó en la Justicia para cobrar dos jubilaciones de privilegio. Un magistrado le dio la razón. Más allá de lo jurídico, que es un capítulo aparte, también es una cuestión política. Es que el país está sumido en otro proceso de recesión, con una inflación que complica las posibilidades de los que menos tienen. Y en este grupo vulnerable se encuentran los jubilados.
Los haberes jubilatorios se encuentran entre los más bajos y habrá que ver en la carrera con los precios si la nueva fórmula impulsada por el Gobierno nacional los cubrirá o se quedarán nuevamente atrás. En este marco, el reclamo de la ex mandataria parece injustificado, al menos desde lo político o lo moral. Provoca una desigualdad abismal con aquellos jubilados pensionados que perciben la mínima.
Y en el centro del conflicto no sólo está la justicia, sino el organismo que debe administrar los fondos para el retiro de la actividad, la Anses. En este caso, tendrá que demostrar cierta independencia política y reclamar con firmeza para resguardar el sistema de previsión pero también el balance entre una mayoría que está muy por debajo de la línea de pobreza y un reclamo que parece desproporcionado respecto a la realidad del país.
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